Rita Ruiz.
Las obras públicas constituyen un patrimonio cultural que, a pesar de su gran valor histórico, documental y cultural, ha sido hasta la fecha escasamente protegido e insuficientemente valorado.
De un somero análisis de la legislación sobre patrimonio en España, se advierte la inadecuación del marco normativo para abarcar convenientemente la complejidad de estos bienes. Así, la escasa obra pública protegida sigue interpretándose, mayoritariamente, desde una concepción “monumental” lo que conlleva, por un lado, obviar la lógica territorial habitual de estos bienes—de modo que, la consideración patrimonial de las obras públicas se restringe a elementos nodales, tales como puentes, estaciones, presas o faros, olvidando que estos elementos no son más que puntos singulares de un camino, una carretera, un ferrocarril o de un complejo sistema para el abastecimiento de las poblaciones o el transporte marítimo— y, por otro, incidir en la dimensión histórica y artística de las obras públicas en detrimento de sus rasgos determinantes —tales como su valor tecnológico o constructivo. A este problema, se suma el hecho de que el reconocimiento del patrimonio de la ingeniería civil en nuestro país queda todavía fuertemente condicionado por su antigüedad. Tanto es así que, entre las obras de ingeniería protegidas a nivel nacional a través de su declaración como Bien de Interés Cultural, predominan las obras de época romana y medieval.
Como consecuencia, en las últimas décadas se ha producido una pérdida considerable e irreversible de este patrimonio: muchas obras públicas históricas han sido demolidas para permitir nuevas construcciones, y gran parte de las que se mantienen en uso, han sido objeto de profundas transformaciones, a menudo mutiladoras.
Las infraestructuras y entornos que no cuentan con ningún tipo de protección siguen, por lo general, siendo alterados sin una actitud histórica y estética que permita apoyar con mayor criterio las decisiones proyectuales. Este escenario se agrava especialmente en el caso de las obras públicas de escala territorial: cuando ya existen valiosísimos ejemplos de proyectos de conservación e intervención de estructuras patrimoniales de escala nodal —como se mencionaba anteriormente estructuras singulares, faros o presas—, apenas contamos con ejemplos de estrategias de recuperación de obras públicas de escala territorial, tales como canales, ferrocarriles, caminos o carreteras. Además, los escasos proyectos implementados a este respecto en nuestro país se han ocupado de infraestructuras de relativa antigüedad que en el momento de su rehabilitación estaban abandonadas, lo que ha permitido plantear usos alternativos y, en ocasiones, muy alejados de su función original, provocando que no se logre transmitir al usuario la relevancia que, desde el punto de vista histórico, económico y social ha desempeñado la figura del ingeniero y la propia obra de ingeniería acondicionada —sirvan como ejemplo las rutas senderistas que, impulsadas por el programa Vías Verdes y existiendo varios ejemplos de las mismas en nuestra región, han sido creadas a partir de trazados ferroviarios desmantelados.
La incuestionable riqueza del legado de ingeniería civil española, así como la necesidad de mejorar el contexto esbozado, justifica sobradamente la conveniencia de definir estrategias específicas que, capaces de abarcar las singularidades y rasgos diferenciadores de estos bienes, permitan identificar adecuadamente y poner en valor este patrimonio, Parece, por tanto, fundamental que nuestro Colegio de continuidad a las actividades que ya se han iniciado —como la celebración del Foro Nacional de Patrimonio de la Obra Pública, la convocatoria del Premio Nacional Carlos Fernández Casado para reconocer proyectos e intervenciones ejemplares de rehabilitación, etc—, e implemente nuevas actuaciones con esta misma finalidad.
Ojalá que, entre todos, seamos capaces de revertir la actual situación y sepamos aprovechar este impresionante— y vulnerable— legado.
